Foto: cortesía adnpolitico.com
En promedio, un secretario de Gobernación dura un año tres meses en el cargo. Francisco Blake Mora era el titular número 151 en 190 años de historia de la dependencia, si se considera su más lejano antecedente, la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores creada en 1821, cuyo primer encargado fue José Manuel de Herrera, un sacerdote católico huamantleco, doctor en teología, nacido en 1766.
El periodo de mayor continuidad en Gobernación ocurrió entre 1884 y 1911, cuando sólo existieron, en 27 años, tres titulares. En el siglo XX, a partir de 1911, de los 62 secretarios sólo ocho lo fueron por cinco años o más: seis años continuos encabezaron la secretaría Ángel Carvajal Bernal, Mario Moya Palencia y Manuel Bartlett, mientras que por cinco la ocuparon Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios y Santiago Creel.
Tras la alternancia, la Secretaría de Gobernación no ha podido escapar a su tradicional discontinuidad, pero sobre todo ha adquirido la calidad de trágica. Desde que el PRI perdió su primera elección presidencial y el PAN llegó a Los Pinos, han abanderado la dependencia seis personajes, de los cuales tres ya han muerto, dos después de sufrir un percance aéreo. El 4 de noviembre de 2008 Juan Camilo Mouriño murió luego de que el avión que lo transportaba se estrelló; menos de un mes después, el 2 de diciembre, Carlos María Abascal Carranza, quien fue secretario entre 2005 y 2006, falleció víctima de cáncer; como se sabe, el pasado viernes11 de noviembre el helicóptero en el que viajaba Blake cayó y éste perdió la vida junto con otras siete personas.
A los otros tres ex secretarios no les va tan mal. Creel aspira, por segunda ocasión, a la Presidencia, Francisco Ramírez Acuña es el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados y Fernando Francisco Gómez Mont Urueta se desempeña como abogado, destacado por cierto por tener entre sus clientes a empresas como Nextel.
Está por demás citar las importantes atribuciones establecidas para la Segob en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Decir como lo hacía el New York Times al dar cuenta de la tragedia a sus lectores resulta más ilustrativo: ¿quién era Blake?: “el segundo más poderoso funcionario de México”; la cabeza de la nota era clara: “Accidente de helicóptero mata a líder en la lucha contra las drogas de México”.
No puede dejar de destacarse el alto cargo y el peligroso trabajo que venía desempeñando Blake en el actual contexto de la vida política y social mexicana. Apenas el primero de noviembre pasado había ido a Morelia a afirmar, tras reunirse con el Grupo de coordinación y evaluación del plan operativo detallado Michoacán: “vamos a estar trabajando hasta el último día de la administración como lo hemos planteado con el gobernador, en un ataque a la criminalidad… Hoy no son tiempos ni por coyunturas ni por ninguna otra razón de titubeos o de vacilaciones en el tema más sentido, probablemente en algunas regiones de nuestro país en materia de seguridad pública”.
En menos de 48 horas quien fuera secretario de Gobernación regresaba a Morelia, ahora para condenar el asesinato del alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, y declarar, a 10 días de distancia de los comicios en Michoacán para elegir gobernador: “actos de violencia como éste lejos de atemorizar y de desalentar nuestra lucha contra el crimen lo harán más valeroso y comprometido. El dolor y el repudio debe fortalecernos y unirnos, más para avanzar mejor y honrar a hombres como Ricardo Guzmán y a otros mexicanos y michoacanos de bien que han caído víctimas de la violencia sin sentido que mueve a los criminales”.
La historia de la Secretaría de Gobernación la muestra con un alto grado de discontinuidad. El antecedente es clave para no pedirle irreflexivamente algo, la continuidad de sus funcionarios, que tradicionalmente no ha tenido. Lo que sin embargo no puede obviarse es que en tan sólo tres años y siete días han muerto dos secretarios de Gobernación en condiciones muy similares. Más allá de especulaciones vehementes y de elucubraciones, de imaginaciones poderosas y de atentados sibilinos, lo real es que está quedando al descubierto cierta incapacidad de la autoridad federal para proteger a funcionarios incluso de tan alto nivel como un secretario de Gobernación (véase Proceso 1828, 13/11/2011).
La lucha contra la delincuencia organizada ha traído consigo, inevitablemente, amenazas para la estabilidad política; en este episodio en particular de la historia del país la cabeza del Poder Ejecutivo no puede permitirse que éstas se incrementen por omisiones suyas. Así como se debe respetar el dolor de las familias que hoy lloran a sus muertos y dejar de lucrar electoralmente con la tragedia, el flujo de la información respecto a los avances de las investigaciones en el caso de la muerte de Blake debe ser ágil y transparente; no puede ser de otro modo.
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